EDICIÓN 36 - DICIEMBRE 1992

Los primeros años del siglo XX fueron intensos y de gran agitación política; los efectos de la crisis nacional por la guerra civil del fin de siglo, la pérdida de la provincia de Panamá y la caída de la dictadura del general Rafael Reyes también se sintieron en la vida institucional y social del Archipiélago de San Andrés y Providencia. El malestar creciente de la sociedad isleña contra las autoridades provenientes del departamento de Bolívar (San Andrés, Providencia y Santa Catalina conformaban la provincia de Providencia, dependiendo de Cartagena desde 1887) se sumaba a las dudas expresadas por los funcionarios colombianos sobre la "identidad nacional" de sus habitantes respecto al Estado colombiano.

La propuesta de crear la Intendencia Nacional dio lugar a un gran debate en la región Caribe colombiana y en la capital del país alrededor de la administración bolivarense, la naturaleza de los habitantes del Archipiélago, la debilidad de su identificación con el continente y la conveniencia de erigir el territorio insular en una entidad territorial fuera del control administrativo y político de Cartagena. Las inquietudes se habían incrementado a raíz de una supuesta declaración de los sanandresanos que vivían en Colón y Panamá solicitando que el territorio insular se separara de Colombia y se uniera al naciente Estado bajo "protección" estadounidense.

El cambio de gobierno en Colombia coincidió con el incremento de las preocupaciones institucionales sobre la seguridad en sus fronteras marítimas caribeñas; ya en 1890 el gobierno de Carlos Holguín se había quedado inerme frente a la ocupación de nicaragüenses del territorio occidental del Archipiélago, las Islas Mangles, y en 1900 Colombia había tenido que acudir a un arbitraje internacional para que sus fronteras y derechos marítimos en la región fueran respetados. En 1910 viajó una comisión oficial al Archipiélago con el fin de formarse un juicio más exacto de las condiciones políticas de las islas.

Los informes dirigidos al presidente Carlos E. Restrepo denunciaban una crisis de credibilidad de la comunidad isleña en los funcionarios continentales enviados por el gobierno cartagenero, e incluso en el mismo gobierno colombiano, al que consideraban responsable del saqueo de sus riquezas a través de funcionarios como el prefecto, el administrador de Hacienda, el juez de Circuito y el jefe del Resguardo. En las elecciones celebradas para Concejo y Asamblea, los habitantes de Providencia se rehusaron a participar en lo que calificaron de "inicuo estado de cosas", que se resumía en la consigna gubernamental: "En San Andrés, el que no marcha de acuerdo con nosotros, encalla".

De igual forma se advertía sobre el "gran peligro" que corría la presencia colombiana en las islas, también por los rumores insistentes sobre la venta o entrega del Archipiélago a Nicaragua o a Estados Unidos, acciones patrocinadas por un grupo de comerciantes norteamericanos, que habían celebrado contratos de arrendamiento de varios cayos alrededor de San Andrés con aquellos funcionarios, y por las mismas autoridades que esperaban obtener grandes beneficios. Incluso se recogían rumores salidos de Colón y Panamá acerca de una posible ocupación estadounidense-nicaragüense, en el marco de la llamada "Nueva Nicaragua". En suma, existía en el ambiente la impresión de que al gobierno colombiano no le interesaba la suerte de su territorio.

El 28 de diciembre de 1911, decenas de habitantes del Archipiélago suscribieron un memorial dirigido al presidente de la República titulado "Manifestación de los habitantes del Archipiélago de San Andrés y Providencia", en el que denunciaban la indiferencia y ausencia de medidas benéficas por parte del gobierno departamental, y solicitaban que se adelantaran gestiones para que el territorio insular regresara a la administración del gobierno nacional. Aunque se proclamaban "colombianos de corazón", denunciaban la ineficacia del "fomento de la colombianización" por parte de Cartagena y el deterioro de los caminos, abandono de la bahía a las arenas, deficiencia de la instrucción, desconocimiento del castellano, aislamiento del resto del país y ausencia de participación isleña en los cargos públicos de las Islas.

El 4 de enero de 1912, de nuevo, los habitantes se dirigieron al presidente Restrepo rechazando los manejos de las rentas producidas por el Archipiélago por parte de las autoridades, quienes proyectaban una imagen de pobreza de su región y no invertían los ingresos por impuestos en el bienestar insular. Para ellos, "todo gobierno está basado en la reciprocidad", y frente a tal cúmulo de atropellos, amenazaban con verse obligados a liberarse de esa opresión. A mediados de mayo, el ministro de Gobierno Pedro María Carreño reconoció la justicia de las protestas, y prometió tramitar ante el Congreso de la República la creación de la Intendencia.

El ambiente político se agitó más cuando Francis A. Newball, prominente figura del Archipiélago, sacó a la luz el periódico The Searchlight (El Faro), el 1 de febrero siguiente, con el expreso objetivo de convertirlo en el defensor de los intereses isleños frente a la Gobernación de Bolívar, de luchar por el mejoramiento de las islas y la promoción de los derechos y garantías constitucionales y legales desconocidos por aquellos funcionarios y autoridades regionales, y de denunciar y censurar aquellos actos oficiales que lesionaran la integridad y los derechos locales. The Searchlight encarnaba la lucha por la Intendencia Nacional.

La visita que durante el primer semestre de 1912 hizo el inspector general del Censo Nacional, Santiago Guerrero, reafirmó las denuncias isleñas; en su informe sobre el estado del Archipiélago recogió el descontento de la población contra el gravamen a la exportación de cocos que había sido recientemente aumentado a 2 pesos oro el millar, y el desinterés de las autoridades por defender los derechos y las propiedades de los pescadores nativos. También contra la ausencia de reglamentación clara sobro los buques que llegaban con mercancías, la incompetencia y deshonestidad de los funcionarios designados, el estado deplorable de las escuelas, el deficiente servicio de correos, que además pasaba siempre por Cartagena, y contra el abandono gubernamental de los cayos, que ofrecían ricos recursos ahora a merced de extranjeros.

El inspector Guerrero, inflamado por su espíritu nacional-católico y anti-estadounidense, recelaba de todo aquello que pudiera alejar el territorio insular de Colombia y acercarlo a los Estados Unidos, como por ejemplo: el idioma, la religión protestante, la esposa norteamericana del pastor de San Andrés, la misión católica con curas gringos, los comerciantes y empresarios estadounidenses que habían alquilado por 20 y 25 años los cayos y monopolizaban la comercialización del coco, proyectando además la imagen de que aquellos eran parte integrante de la "nación americana", el desconocimiento de la soberanía colombiana sobre Roncador, Serrana, Serranilla y Quitasueño por parte del gobierno de los Estados Unidos, que propiciaba su explotación, y sus planes de construir una base naval en San Andrés para proteger sus intereses en el Canal de Panamá.

Para enfrentar las amenazas internas y externas. Guerrero presentaba una línea de acción política que respondía a su concepto de "identidad nacional. Patria, colombianidad": enviar una guarnición militar o un cuerpo de policía, establecer una misión católica colombiana, fundar escuelas con maestros competentes y bilingües, pero que enseñaran el castellano, y un inspector escolar. Igualmente, responder a las reformas fiscales y de comunicaciones solicitadas y al "buen gobierno" por medio de la creación de la Intendencia. Así, concluía, "nuestra religión, nuestro idioma, nuestras costumbre serán las de ellos".

Finalmente, el gobierno y el Congreso crearon la Intendencia Nacional de San Andrés y Providencia por medio de la ley 52 de octubre 26 de 1912; fue inaugurada el 22 de enero de 1913 con la posesión del primer intendente, el continental Gonzalo Pérez. Contaba el Archipiélago con 5058 habitantes (3124 en San Andrés y 1934 en Providencia), estaba conformado por una comunidad de agricultores, pescadores y comerciantes, mayoritariamente protestantes (bautistas desde 1847), y con ricos recursos naturales y se especializaba en la producción y exportación de cocos.

Los primeros años de vida intendencial fueron agitados y controvertidos; poco a poco el gobierno colombiano "descubría" una sociedad que sólo lograba representar en el imaginario de la contrarreforma y del espíritu anticalvinista y antianglosajón que invadía la religiosidad católica hemisférica y la cultura y política tradicionales, sacudidas a su vez por el desafío capitalista estadounidense. Los años 1912 a 1920 estuvieron marcados por grandes presiones regionales sobre el Archipiélago, tales como las ejercidas desde la ocupación nicaragüense de la Mosquitia e islas Mangles en 1890, con su aspiración a ocupar las islas colombianas, reclamándolas como parte del territorio de Nicaragua; y las provenientes del gobierno de los Estados Unidos para obtener facilidades en ellas (ocupación de algunos cayos, arriendo o compra de otros, facilidades para colocar estaciones carboneras, una base naval y faros).

También las presiones originadas por los tratados que el gobierno de Estados Unidos suscribía con el de Nicaragua, desconociendo los derechos colombianos en la región y comprometiendo sus intereses futuros (el de febrero 11 de 1913, Tratado Chamorro-Weitzel, y el de agosto 5 de 1914, Tratado Chamorro-Bryan); y, finalmente, las presiones originadas en el Caribe por los efectos de la primera Guerra Mundial, en particular contra empresas e inversiones alemanas vinculadas a las comunicaciones telegráficas en la costa atlántica colombiana y en la estación en San Andrés, con técnicos de Telefunken. Esas presiones políticas, inicialmente británicas, fueron aumentadas por Estados Unidos cuando en 1917 declaró la guerra a Alemania.

En este contexto de 1917, por ejemplo, el gobierno colombiano respondió a la preocupación del intendente Manuel Leal sobre la presencia militar norteamericana en las islas Mangles y en la costa de Mosquitos, enviando 126 soldados con artillería y ametralladoras para defender la soberanía del Archipiélago y evitar un "segundo Panamá". Los funcionarios juzgaron con dureza la indiferencia de los isleños a la presencia militar y a su desconocimiento del diferendo con Nicaragua, atribuyéndolo todo a su presunto sentimiento pro-estadounidense sobre la base de su idioma, religión y tradición. El capellán del Ejército, el claretiano José Criado, lamentaba que la mayoría de los habitantes estuvieran alejados de la "verdadera religión", recordaba el odio de las sectas protestantes al catolicismo, y advertía sobre la cercanía de los "yanquis"; recomendó al gobierno central fortalecer la misión católica, y entregar los empleos públicos sólo a católicos.

Para los dirigentes nativos, la "liberación" de la administración bolivarense debía conducir al progreso y al bienestar largamente anhelados; para ellos, la realización de los principios constitucionales encamaba en la creación de la Intendencia Nacional, en la que aspiraban a tener voz y voto, a ejercer el derecho de participación en su administración y orientación, defendiendo los intereses de la comunidad insular. Sin embargo, el primer balance al llegar a 1920, no era totalmente satisfactorio; la proclamación del "nuevo orden político" estaba dejando por fuera a los isleños, sufría de pobreza y limitaciones en sus recursos humanos, económicos e institucionales, y estaba obsesionado con la "colombianización" pero era incapaz de defender la soberanía y los recursos naturales contra el saqueo y ocupación de los Estados Unidos. El presidente Thomas W. Wilson decidió en 1919 que los cayos Roncador, Serranilla y Quitasueño eran propiedad de ese país, e instaló allí faros para proteger la navegación de sus buques...